La actividad lobbística en España

No es nada fácil hablar del lobby en España. Y no lo es porque, a pesar de la extensa legislación existente en la mayoría de ámbitos y sectores, en cualquiera de los tres niveles de la Administración –local, regional y estatal-, no hay todavía una sola norma, precepto o disposición que defina lo que la profesión ni sus límites éticos. Una triste realidad que demuestra no sólo la escasa experiencia democrática del Estado Español, sino, también del resto de Europa, ya que en ninguno de los grandes –Alemania, Francia, Italia y Reino Unido- encontramos amparo legal sobre el lobby.

 

Sin embargo, esta situación podría haber variado drásticamen

 

 te si hubiera prosperado la iniciativa del conservador Manuel Fraga durante la elaboración del borrador de lo que sería la Constitución Española de 1978. El presidente de Alianza Popular pretendía incluir dentro del artículo 77 de la Carta Magna dos puntos más de los que finalmente se incorporaron: el 77.3 y el 77.4, que fijaban que las Comisiones podrían recibir de forma pública a delegaciones de grupos legítimos de intereses, con un correspondiente registro de los mismos. Sea como fuere, no fue aprobado, condenando a la profesión al desamparo legal.

Una década más tarde, PP y PSOE presentaron una proposición no de ley sobre la necesidad de regular los despachos profesionales. Meses más tarde, el CDS presentaba otra, que urgía al Gobierno a legislar sobre la actividad de los grupos depresión. Pero aunque ambas iniciativas resultaron aprobadas casi por unanimidad por la Cámara Baja, ninguna llegó a ser transformada en ley.

Quizá por la falta de este acervo legal, o tal vez por culpa de la distorsionada versión que nos llega de la actividad de lobby por parte de elementos culturales como el cine. Es común que grandes capas de la sociedad miren a esta actividad como si de algo furtivo, oscuro o, incluso, hasta inmoral. Pero basta fijarse en el registro que guarda el Parlamento Europeo para darse cuenta de que esto no es así. En él, hay acreditados más de 200 lobbistas españoles, que mueven contratas de empresas nacionales en Europa por valor de más de 50 millones de dólares. Cifras que, según los expertos, se doblan si hablamos de la verdadera realidad del lobby en nuestro país.

Las empresas más punteras de sectores como la tecnología, la comunicación, la salud o la alimentación, por poner sólo algunos ejemplos, destinan cada vez más recursos económicos, humanos y materiales a tareas relacionadas con aumentar su influencia en los espacios que les son más importantes para sus intereses. Si la aprobación de la nueva Ley del Medicamento de 2006 hizo a muchos darse cuenta de la realidad del lobby en nuestro país, ha sido en estos meses de crisis donde la importancia de los profesionales del sector se ha disparado. Cierres de empresas, la futura presidencia española de la Unión Europea para el primer semestre de 2010 o la aprobación de la nueva Ley Audiovisual han tenido detrás el trabajo de cientos de lobbistas que han logrado captar el interés y, en parte, modificar la forma de pensar de políticos y partidos.

Tanto es así que los servicios de estudios cada vez realizan más informes sobre el sector. El más reciente, elaborado hace apenas unas semanas, señalaba que las 20 primeras firmas de abogacía del país ingresan más de 100 millones de euros anuales por su trabajo lobbista. Es decir, esta actividad genera alrededor del 10% de la facturación de los despachos, en base a este estudio realizado en base a la información brindada por las propias firmas, que, en muchas ocasiones, reconocen, sin embargo, que a menudo se trata de tareas intangibles que no es fácil de cuantificar en dinero.

De cualquier manera, la única realidad es que hablamos de un sector en pleno desarrollo dentro de la sociedad española que contará en unos años, necesariamente, con una legislación acorde con su posición. Quizá sea en ese momento cuando el lobby deba hacer su mayor esfuerzo en pro de impulsar una normativa que favorezca su crecimiento presente y futuro. No hay que olvidar que los dos objetivos principales del lobby son influir en el proceso de toma de decisiones de los órganos legislativos y ejecutivos, y la creación de un canal de comunicación fluido entre las compañías y los órganos de poder.

Y es que tal y como dijo Aristóteles, “el hombre por su propia condición es un ser político”, y por ello para el desempeño de su actividad lobbística precisa de seguir una serie de principios básicos, que, según nuestro criterio, deberían ser los siguientes: transparencia dentro del sistema, responsabilidad que se traduzca en un código deontológico debatido y respetado por todos, y la accesibilidad a los centros de decisión más importantes, que, como no podía ser de otra manera, son el Congreso y el Senado.

Ojala algún día veamos en España una legislación sobre el lobby acorde con la trascendencia de esta actividad. Mientras tanto, sólo nos resta seguir trabajando para mejorar su nombre y aumentar su prestigio. Es evidente que es tarea de todos.

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